El Instituto de Defensa Legal nació por iniciativa cívica a la caída del régimen de Fujimori-Montesinos con el objetivo principal de contribuir a una transición de cierre del ciclo peruano de “violencia y autoritarismo” de las dos décadas finales del siglo XX, incluyéndose justamente así el primer periodo de Presidencia de Alan García. Lamentablemente, casi una década después, la violencia y el autoritarismo vuelven no sólo a reproducirse, sino también a recrudecerse por la segunda Presidencia de Alan García. Este Instituto rinde ahora el servicio de articular pedagógicamente la sinrazón constitucional que ha conducido a dicho recrudecimiento. Ante la fuerza del argumento de la inconstitucionalidad de los decretos lesivos de derechos indígenas, adviértase que el Congreso ha suspendido precariamente algunos de ellos y no derogado la entera serie con los efectos retroactivos propios de la constatación de su radical inconstitucionalidad.