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Feminicidios en cifras rojas: 2018 el peor año para niña y mujer de Mexico.

En este mes de junio se registra la cifra más alta de homicidios dolosos en los 20 años de que el gobierno federal reporta la incidencia de delitos, con 2 mil 234 personas ejecutadas extrajudicialmente, mientras 114 candidatos a cargos de elección popular han sido asesinados, y forzados a renunciar más de un centenar.
 
Asimismo, destacan los 110 periodistas ultimados del año 2000 a la fecha y el nivel de impunidad de estos atentados contra la “libertad de expresión”, de acuerdo con la CNDH, que resulta en 90 por ciento de los mismos.
 
Igualmente, República 32 advierte que: “en los cuatro primeros meses de 2018, se han registrado 226 feminicidios, un aumento de 15 por ciento en relación con el mismo periodo del año pasado, y 116 por ciento más en comparación con hace tres años” (http://republica32.com/feminicidios-en-cifras-rojas-2018-peor-ano-nina-mujer-en-mexico/).
 
Además de las ejecuciones extrajudiciales, que ya rebasaron las 200 mil personas desde que se declaró la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, es necesario considerar los crímenes de Estado y lesa humanidad acumulados por décadas, todos impunes, y los más recientes, igualmente sin castigo, que se expresan en las desapariciones forzadas, cuyo caso paradigmático, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se encuentra en el pantano de un Estado delincuencial que niega la justicia y la presentación con vida de los más de 40 mil desaparecidos forzados. Estos miles de desaparecidos tampoco podrán ejercer el derecho al voto en las necro-elecciones próximas, que lejos están de las condiciones de paz social que debieran caracterizar al ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos a votar y ser votados, que garantiza el artículo 35 de la Constitución.
 
Por el contrario, el proceso electoral se desarrolla en el contexto de una guerra social de exterminio. El reputado Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres (IISS), que monitorea conflictos armados en el ámbito planetario y que dio seguimiento al caso mexicano durante una década, señaló, en el año 2017, que México sufre “un conflicto armado no reconocido” y lo considera el segundo país más letal en el mundo, después de Siria, especificando los criterios para discernir entre conflicto armado y “altos niveles de criminalidad violenta”. Los factores claves para su caracterización son, según el IISS: “La duración y el tiempo. Aquellos en los que la violencia se mantiene durante muchos años y con una intensidad constante tienden a calificar como conflictos armados; aquellos que experimentan picos periódicos de violencia no son considerados. En segundo lugar, ¿la violencia es una amenaza para el Estado, así como para el ciudadano? ¿El gobierno mantiene control territorial? Y, finalmente, ¿el Estado ha reconocido la amenaza en estos términos y ha respondido en consecuencia? Tristemente, México cumple con todos estos criterios. Otros países latinoamericanos, como Brasil, pueden verse afectados por altos niveles de violencia criminal, pero sus gobiernos tienen un mayor control territorial y la violencia aumenta y disminuye” (https://www.iiss.org/).
 
Este conflicto armado no reconocido es la dimensión represiva de lo que William I. Robinson denomina acumulación militarizada, cuya finalidad es la recolonización integral de los territorios rurales y urbanos para el saqueo y el despojo de recursos naturales y estratégicos, mediante la violencia exponencial que caracteriza esta configuración actual del capitalismo globalizado. “El sistema ha abandonado –afirma Robinson– a amplios sectores de la humanidad, que están atrapados en un circuito letal de acumulación-explotación-exclusión. El sistema ni siquiera intenta incorporar a esta población excedente, sino más bien trata de aislar y neutralizar su rebelión real o potencial, criminalizando a los pobres y a los desposeídos, con tendencias hacia el genocidio en algunos casos” ( Una Teoría sobre el capitalismo global, Siglo XXI, 2013, p. 11).
 
El proceso electoral, por otra parte, se encuentra marcado por los mayores índices de ilegitimidad, corrupción y carencia de credibilidad del conjunto de la clase política; por la comprobada ineficacia, inoperancia y parcialidad de los “árbitros” electorales, el INE y el Tribunal Federal Electoral y por la “guerra sucia” de la propia campaña, factores que, indudablemente, presagian otra elección de Estado y los poderes fácticos, que nada tiene que ver con un ejercicio democrático ciudadano, libre y trasparente.
 
Al final, estamos frente a elecciones cubiertas de sangre, con militares y paramilitares (crimen organizado) con control político y territorial, y su ley de seguridad interior, sin que nadie en la partidocracia reflexione seriamente sobre el significado profundo de esta situación.