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HUELGA FEMINISTA A NIVEL PROVINCIAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DEL PATRIARCADO

Por segundo año lindante  centenares de mujeres marcharon  en la  provincia del chaco, provincia situada al noreste de argentina.  Donde  cientos de  mujeres manifestaron contra el  patriarcado quien las violenta y mata.

 

El día internacional de la mujer  tuvo como principal  punto de reclamo e exigencia  el “aborto legal gratuito para no morir”  donde organizaciones sociales, comunitarias, sectores privados, medios de comunicación y otros  expresaron a través de un documento  el cual fue  elaborado y  debatido desde comienzo de este año y teniendo en cuenta  los debates del XXII encuentro nacional de mujeres realizado en octubre del año pasado donde  se manifestaron mas de 60 mil  mujeres  quienes con un documento  denunciaron  con una “ escalada de la feminización de la pobreza”

La situación de las mujeres es preocupante donde  la escalada de explotación  es cada ves mayor y la falta de políticas serias desde el estado a fin de  combatir de manera  conjunta con las organizaciones feministas

De acuerdo a una investigación realizada por la organización Mumala,  en argentina se registraron entre el 1 de enero al 28 de febrero de  este año, 47 femicidios de ellos 3 femicidios vinculados de mujeres y niñas y 3 femicidios vinculados de hombres y niños y 3 de travesticidios en todo el territorio nacional .

Asi mismos  el frente de trabajadoras de la comunicación del chaco formado hace un mes, realizaron una encuesta  sobre la situación de las trabajadoras de prensa , que  el 64,5% de ellas vive o trabaja en el área metropolitana de resistencia y el 35,5% restante en otros puntos de la provincia.

Si se tiene en cuenta el 31% trabaja en organismo públicos, 28% en espacios de comunicación institucional y un 27% en radio, y  un 2%  comunitarias e indígenas.

En relación al acceso a puestos jerárquicos o toma de decisiones el 68,3% de las entrevistadas dijo estar bajo la dirección de un hombre.  El 50%  de ellas es redactora, cronista  y un 28% productoras.

En el cierre de la marcha se leyó  el documento  consensuado  por  los sectores  feministas donde destacamos  varias de ellas:

Contundente documento: “Desde el movimiento de mujeres decimos, basta”

Exige el reconocimiento de las tareas domésticas; recursos estatales para campañas preventivas, centros integrales de atención a las víctimas con profesionales idóneos.

Exige que el Ejecutivo provincial rechace las políticas que comprometen las jubilaciones. Y que el Gobierno municipal deje de perseguir a las manteras del Tiro Federal. La creación de guarderías, espacios para la comercialización de productos elaborados por sus cooperativas y la habilitación como proveedoras del Estado.

Denuncia violencia institucional hacia mujeres en situación de prostitución. Y exigen la derogación de los artículos 62, 64, 65 y 66 del obsoleto Código de Faltas del Chaco.

Exige el desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual. Y la investigación seria y efectiva de los lazos de las redes de trata con el poder.

Exige la efectiva implementación de la Ley Nacional 26.150 que garantice Educación Sexual Integral en todas las escuelas. Y que se contemplen dentro de la Ley de ESI las consignas, aborto, identidad de género, lenguaje inclusivo, cultura de la violación. Además, que se capacite de manera efectiva a los docentes.

Exige la efectiva aplicación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Rechaza el proyecto de ley de Libertad Religiosa.

Exige la formación de agentes de salud, para el cumplimiento de la Ley 26485; la Ley 25.929 de parto respetado o humanizado; y el tratamiento responsable y la aprobación de la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Repudia el incumplimiento de la Ley de Talles y el sobreprecio por dichas prendas.

Exige la visibilización de las corporalidades diversas en la publicidad, en los medios de comunicación y en los productos culturales de alcance masivo. Que se aplique una sanción económica a los medios que ejerzan violencia simbólica y mediática.

El documento #8M también denuncia el ejercicio de violencia obstétrica en el ámbito público y privado durante la gestación, el parto y el post parto.

Denuncia violencia explícita contra la población trans y exige el cumplimiento de los derechos que ya les fueron reconocidos.

Rechaza la quita de presupuesto a Salud Mental, Géenero, VIH Sida, y todos aquellos programas del Estado que tienden a luchar contra las violencias hacia personas LGTTTIBQ+.

Denuncia discriminación de mujeres indígenas y campesinas, que enfrentan situaciones de violencias complejas.

Exige políticas públicas para las naciones originarias en materia de tierras, vivienda, trabajo, educación, acceso a la Salud y a La justicia. Que los nutran y se respete el derecho a la diversidad productiva y cultural.

Exige que se investigue y se haga justicia por Dominga Arias, joven indígena del pueblo  wichi violada y asesinada.

Exigen que se garanticen condiciones dignas para las mujeres privadas de su libertad; que tengan acceso a la salud, la educación, el trabajo, la recreación y la justicia. Que se respete su derecho al contacto y la comunicación con sus familiares. Que se respete su derecho a las visitas íntimas.

Denuncia que existen 62 casos de sacerdotes abusadores, sobre los que la justicia aún no actúa. Y exige que el estado respete la libertad de culto sin financiarlo.

Exige la aplicabilidad de la Ley 27.206 denominada de “Respeto a los Tiempos de las Víctimas” por parte del Poder Judicial. El avance de todas las causas por delitos contra la integridad sexual presentadas en el marco de la Ley 27.206.

Que garanticen el acceso a la justicia, investigación y posterior sanción de los delitos contra la integridad sexual. Que haya en el ámbito judicial peritos psicólogos/as con incumbencia especifica en abuso sexual infantil e instalación de una Cámara Gesell en todos los Departamentos Judiciales.

Asesoramiento letrado gratuito por parte del Estado para causas de delitos contra la integridad sexual. Fortalecimiento de aquellas áreas y estructuras del Estado destinadas a la prevención del abuso sexual y atención de víctimas.